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Explicación
La controversia de nuestro trabajo involucra a aquellos que están a favor de despenalizar el aborto con el argumento de que debe prevalecer la decisión de la gestante, quien tiene derechos que se deben respetar, como la libertad de decidir sobre su propio cuerpo, razón por la cual cualquier acción que vulnera o anula dichos derechos constituye un acto de discriminación, así lo afirma el comité El Comité para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW).
problema
Del otro lado, se encuentran aquellos que, influenciados por el catolicismo que profesan, le otorgan al concebido la condición de persona e ignoran cualquier derecho de la gestante que transgreda su desarrollo. Ellos se amparan en el artículo 2 de la constitución peruana vigente, el cual sostiene que "El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece". Esto, según ellos, es un indicador de que es el derecho a la vida del feto el que debe prevalecer sobre los de la gestante.
La implementación de la ley IVE ante el problema de la penalización del aborto en el Perú
Existe una amplia gama de medidas a considerar para contrarrestar el problema de las muertes que acarrea la penalización del aborto en el Perú. Hemos analizado tres: la realización de movimientos sociales a favor de la despenalización del aborto en México (Mujeres en Red, 2007), la prohibición de centros de aborto clandestinos en Uruguay (GIRE, 2013) y la implementación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (en adelante IVE) en México (Flores & Amuchástegui, 2012).
Lamentablemente, los movimientos sociales que se realizaron en México no serían ineficaces en el Perú ni siquiera en el corto plazo, debido a que el 77.9% de la población profesa el catolicismo. Por ello, defienden la vida del concebido (Correo, 2017), lo cual significaría un escaso apoyo hacia esta medida. Del mismo modo, la solución uruguaya sería inviable porque la gente se resistiría a ello, ya que lo más probable es que las gestantes, que hayan decidido interrumpir su embarazo, busquen otras maneras de llevar a cabo este procedimiento, sin importar los riesgos que implique para su salud (Taype & Merino, 2016). Por el contrario, la mejor medida para el Perú es la implementación de la ley IVE, cuya eficacia y viabilidad se demostraron en México DF tanto por la disminución a largo plazo del índice de muertes causadas por abortos ilegales (Flores & Amuchástegui, 2012) como por la gradual aceptación de las personas hacia esta propuesta (Adame, 2016).
Con despenalización no aumentará el número de abortos, se reducirán los casos de mortalidad
En primer lugar, la ley IVE es eficaz en el largo plazo, porque, antes de la legalización del aborto y la posterior aplicación de la ley, implementada en México DF en 2007, se estimaba que el índice anual de abortos clandestinos ascendía a 123 000. Sin embargo, en 2009, esta cifra disminuyó a menos de 13 000 abortos (BBC, 2012). Los resultados anteriores confirman que la implementación de la ley IVE redujo el número de abortos clandestinos en el DF. Por lo tanto, para el caso peruano, es factible inferir que, como resultado de aplicar esta medida, aumentarían las probabilidades de reducir, de manera progresiva y a largo plazo, la incidencia de abortos ilegales de manera semejante a lo ocurrido en México DF.
En cambio, la realización de movimientos sociales a favor de la despenalización del aborto en el Perú (Mujeres en Red, 2007) no sería una propuesta eficaz ni en el corto, ni en el largo plazo. Esto se debe al inmediato rechazo de la mayoría de la población hacia esta medida, ya que uno de los preceptos morales en los cuales se fundamenta el catolicismo, la fe que profesa el 77.9% de la población, defiende la vida del no nacido. Por ende, debido a lo mencionado anteriormente, nosotras consideramos que la mejor solución para disminuir las muertes causadas por la práctica de abortos ilegales es la implementación de la ley IVE, por su eficacia en el largo plazo.
El aborto en cada estado de México, cada estado tiene su propia legislación sobre el aborto.
Movimientos sociales no fueron eficaces en el país de México para la reducción de abortos clandestinos
Por otro lado, la implementación de la ley IVE ha demostrado ser viable, debido al alto índice de aprobación que ha tenido por parte de la ciudadanía. Esto se debe a que, según encuestas realizadas en el DF en 2007, 2008 y 2009, se demostró que la aprobación social del programa ascendió de manera gradual en un 38%, 63% y 73% respectivamente (Flores & Amuchástegui, 2012). Asimismo, es necesario mencionar que México y Perú son países con altos índices de machismo (Perú 21, 2017). Por lo tanto, se puede afirmar que ambos países comparten un mismo contexto social, lo cual lleva a inferir que esta medida aplicada en Perú generaría una gradual aceptación social tal cual se observó en México.
En contraste, la prohibición de los centros de aborto clandestinos en Uruguay (GIRE, 2013) es una propuesta inviable a razón del pensamiento colectivo de las mujeres que estén decididas a abortar, puesto que, a pesar de los probables riesgos que este acto les provoque, encontrarán la manera de hacerlo. Así lo demuestran las 28 652 hospitalizaciones y 58 muertes de mujeres que se producen anualmente en el Perú a causa de la práctica de abortos clandestinos (Taype & Merino, 2016). Por todo lo anterior, nosotras creemos que es urgente la aplicación de la ley IVE en el Perú, debido a su comprobada viabilidad para contrarrestar el índice de muertes que producen los abortos ilegales.